La tensión en Oriente Medio suele leerse en clave militar o energética. Pero para muchas empresas españolas el impacto más inmediato no será político, sino financiero, contable y fiscal. El encarecimiento logístico, la presión sobre los cobros y un mayor control pueden abrir un frente poco visible en balances y declaraciones tributarias
Por Antonio Juan Pérez Madrid (Responsable del departamento fiscal tributario de Carrillo).
Hay conflictos que se perciben como un ruido lejano hasta que aparecen en una factura, en una póliza de seguro o en un pago bloqueado. Eso es lo que puede ocurrir con la actual escalada en torno al Golfo. Mientras la atención pública sigue puesta en los movimientos militares y en el riesgo de un cierre del Estrecho de Ormuz, muchas compañías españolas harían bien en revisar algo menos espectacular y bastante más urgente: dónde puede romperse su cadena de costes y qué efecto tendrá eso en su tributación.
La primera derivada suele simplificarse con una palabra, petróleo, pero el golpe real es más amplio. Cuando una ruta estratégica se vuelve incierta, suben las primas del transporte, se encarecen los seguros marítimos, se alteran los plazos de entrega y se multiplican las renegociaciones preventivas con proveedores. Esa presión acaba entrando en el precio de componentes, materias intermedias y bienes de equipo que después forman parte del proceso productivo en España. No hace falta tener actividad directa en Oriente Medio para notarlo.
Ese traslado de tensión geopolítica a la cuenta de resultados puede ser rápido. Una empresa industrial que importa electrónicos, químicos, metales o plásticos puede ver alterado su margen en cuestión de semanas. También una compañía comercial que depende de suministros asiáticos o de operaciones con tránsito por el Golfo. La consecuencia no es solo una rentabilidad más estrecha. Es una base imponible que empieza a distorsionarse respecto de las previsiones con las que se calculó el ejercicio.
Ahí aparece un problema práctico que rara vez ocupa titulares. Los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades pueden quedar desalineados con la realidad económica si el deterioro del negocio llega después de haber anticipado al fisco una fotografía ya desfasada. Para grupos con tesorería ajustada, esa diferencia pesa. Más aún en un entorno en el que el coste financiero sigue siendo exigente y cualquier salida de caja anticipada se nota más de lo que parece sobre el papel.
A eso se añaden ajustes menos visibles, pero delicados. Las diferencias de cambio en operaciones en dólares, los deterioros de existencias adquiridas a precios inflados o las modificaciones contractuales derivadas de retrasos, incumplimientos o revisiones de precio pueden terminar generando correcciones contables con impacto fiscal. Y cuando esos gastos o pérdidas adquieren cierta dimensión, la Administración tributaria exigirá soporte, trazabilidad y coherencia documental. No bastará con invocar el contexto internacional.
Hay, además, un frente especialmente sensible para las empresas con presencia en Estados Unidos o con operaciones que, aunque se cierren fuera de allí, acaban pasando por su sistema financiero. El refuerzo de determinados regímenes de sanciones no afecta solo a quien negocia directamente con actores en zonas afectadas. También alcanza a estructuras donde interviene el dólar, a filiales radicadas en suelo norteamericano o a productos y tecnologías con origen estadounidense.
Ese alcance extraterritorial convierte en problemáticas operaciones que en apariencia estaban bien armadas conforme al Derecho español y europeo. Un banco corresponsal en Nueva York puede paralizar una transferencia, congelar fondos o exigir verificaciones adicionales si detecta vínculos con sujetos incluidos en listas de la OFAC o con jurisdicciones de riesgo. A partir de ahí empiezan los efectos en cascada: cobros retenidos, incumplimientos contractuales, provisiones por insolvencia, tensiones con clientes y una eventual discusión fiscal sobre la deducibilidad de las pérdidas asociadas.
La exposición tampoco se limita a un único país. En la práctica, gran parte de las empresas europeas que operan en el entorno del Golfo lo hacen a través de socios, distribuidores o vehículos situados en distintos centros de negocio de la zona. Esos mercados siguen siendo relevantes para compañías españolas de infraestructuras, energía, ingeniería, alimentación, turismo o servicios. Pero en un escenario de máxima tensión regional, el riesgo percibido se extiende al conjunto del área, aunque jurídicamente no todos los países estén en la misma posición.
Eso puede traducirse en restricciones de cobertura por parte de aseguradoras, mayores cautelas de las entidades financiadoras y revisiones de condiciones por parte de socios locales. También en retrasos de cobro o en la activación de cláusulas contractuales ligadas a fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida. Desde el punto de vista fiscal, la dificultad vuelve a ser la misma. Habrá que acreditar bien por qué se produce el impago, cuál es su relación con la situación regional y en qué momento cabe reconocer contable y tributariamente ese deterioro.
Conviene mirar también la arquitectura de cobro. Muchas operaciones que parecen desvinculadas del foco del conflicto terminan teniendo un punto de contacto con entidades financieras con exposición al sistema del dólar o con circuitos denominados en esta divisa. Ese detalle, que durante años se ha tratado como una mera cuestión operativa, puede pasar a ser un factor de riesgo jurídico y fiscal de primer orden. La empresa que no haya mapeado esas conexiones tendrá más problemas para reaccionar cuando la incidencia ya se haya producido.
En este contexto, la prevención útil no consiste en sobrerreaccionar, sino en ordenar información. Qué contratos dependen de suministros que pasan por el Golfo. Qué clientes o socios utilizan estructuras de pago con exposición al dólar. Qué operaciones podrían verse afectadas por un endurecimiento de sanciones. Qué documentación será necesaria para justificar una pérdida, una provisión o una revisión de márgenes. La diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde suele estar ahí, en tareas internas poco vistosas que solo se valoran cuando faltan.
Las empresas españolas llevan años aprendiendo a convivir con shocks externos que parecían improbables. La guerra comercial, la pandemia, la inflación importada o el encarecimiento energético dejaron una lección bastante clara. Los riesgos geopolíticos dejan de ser abstractos en el momento en que alteran la tesorería y fuerzan una explicación ante Hacienda. Lo que ahora está ocurriendo en el Golfo puede acabar midiéndose menos por su impacto en los mercados que por la capacidad de cada compañía para demostrar, con orden y anticipación, cómo ese conflicto terminó entrando en sus cuentas.
