En abril de 2019 la Unión Europea aprobó una nueva directiva sobre derechos de autor. Los Estados miembros tenían hasta el 7 de junio de 2021 para aplicar las reformas nacionales que facilitarán la digitalización y accesibilidad del patrimonio cultural.
España, al igual que la mayoría de los Estados miembros, llega tarde al plazo de transposición, en parte por la pandemia. “Ahora el Gobierno, después de ir muy lento en el proceso durante dos años, quiere acelerarlo saltándose el procedimiento parlamentario”. El Ministro de Cultura y Deportes ha anunciado que la Directiva de Derechos de Autor se transpondrá en octubre mediante un Real Decreto-Ley. “Esto significa que el Gobierno planea transponer la reforma a través de una norma jurídica que el parlamento no puede debatir ni cambiar”.
Aunque algunas cosas están prescritas por la Directiva, la ley europea también da a España un amplio margen de interpretación. La aplicación que haga el país del Art. 17 determinará si los contenidos de los usuarios se eliminan inmediatamente una vez que el titular de los derechos afirma que son ilegales. España tiene que determinar si los derechos de los usuarios, como la parodia, el pastiche y la caricatura, serán universales. Tiene que decidir si las empresas de nueva creación podrán utilizar fácilmente datos con fines de investigación para idear nuevas soluciones, y si el profesorado podrá mostrar legalmente obras de arte durante la enseñanza a distancia.
“Todas estas son cuestiones de gran importancia social. Darán forma al espacio público, al acceso a la cultura y a los derechos de la ciudadanía durante las próximas décadas. Merecen ser debatidas adecuadamente, en lugar de correr detrás de un plazo que ya ha pasado”.
Organizaciones culturales y defensoras de los derechos digitales, entre ellas Wikimedia España, ya compartieron su preocupación por la falta de transparencia del proceso en abril de 2021, pero la situación continúa.
“Mientras el Ministerio de Cultura se reúne (y escucha) a algunas de las plataformas comerciales y a titulares de derechos, la sociedad civil y las organizaciones culturales son ignoradas en sus solicitudes de reunión. Mientras que la sociedad civil y organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con Internet, junto con el resto de grupos interesados, fueron consultadas para elaborar el texto europeo, España no está dando a todos los agentes la misma oportunidad de participar en el proceso de transposición nacional”.
Desde Wikimedia España “queremos trasladar nuestra posición sobre la transposición de la DEMUD, concretamente en lo que se refiere a la salvaguarda de los derechos de participación, acceso a la información y al conocimiento y la protección del patrimonio cultural en el ecosistema digital”, señala Virginia Díez, responsable de comunicación y políticas públicas de la asociación que impulsa Wikipedia y sus proyectos hermanos en España.
Wikimedia España insta al Gobierno a paralizar el Real Decreto, a establecer una consulta formal con todos los actores relevantes y a dar a la sociedad civil la oportunidad de participar en una norma tan importante transponiendo la Directiva mediante una ley ordinaria con los debidos períodos de consulta pública.
